domingo, 30 de noviembre de 2008

POLITICA FISCAL Y MONETARIA

POLITICA FISCAL Y MONETARIA

Marly Machado, Pablo, Patiño,Yanira Muñoz, José Rondón. Estudiantes de la Especialización de Gerencia Publica del Convenio UNEFA - MINEC.

INTRODUCCIÓN

La economía de un país representa para sus habitantes un tema primordial, que influye en innumerables factores de desarrollo, como son el social, educativo, industrial y científico-tecnológico entre otros.

Para los llamados países en vías de desarrollo, donde se encuentra Venezuela, la necesidad de desarrollar políticas enfocadas a impulsar la economía, mientras se camina paso a paso hacia un desarrollo sustentable, se hace perentoria. Necesidad de satisfacer necesidades básicas de sectores tradicionalmente excluidos, y que en los últimos años, el Estado ha hecho esfuerzos encaminados a satisfacer dichas necesidades básicas.

Para dar impulso a la economía, mejorar la calidad de vida de los venezolanos, sobre todo los más necesitados, el gobierno nacional ha desarrollado políticas de inversión, políticas fiscales expansivas, aumentado el gasto público a través de la ejecución de proyectos, dentro de los cuales están los de interés social, cuyo fin es mejorar la calidad de vida, ofreciendo servicios básicos de calidad y fuentes de empleo.

El papel del estado en la economía del país mediante la implementación de políticas fiscales o monetarias, no solo es de inversión social, sino de control de la actividad económica, y así prevenir, tratar y dar solución efectiva a crisis económicas como la actual.

En el presente trabajo se hace un esbozo sencillo donde se explica de manera somera las políticas fiscal y monetaria, así como también la política fiscal venezolana en los últimos años.


POLÍTICA FISCAL

La política fiscal, también denominada finanzas públicas, es una política económica que usa el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, es decir, entrar en déficit o superávit según convenga. Por lo tanto, es una política en la que el Estado participa activamente, a diferencia de otras como la política monetaria.

Objetivos de la Política Fiscal

Ø Plena ocupación. Llegar al mayor nivel de empleo posible, reduciendo así el desempleo a niveles mínimos.

Ø Control de la demanda agregada mediante un manejo efectivo y oportuno de los impuestos y el gasto público.

Ø Controlar de una manera efectiva un déficit o un superávit, dependiendo de cual de los dos estados se quiera mantener.

El proceso que se establece entre el gasto público y la variación de los ingresos (en el caso de Venezuela representados éstos por la renta petrolera y los impuestos), que determina si se tiene un déficit o un superávit, donde se marca una inversión fija y unos ingresos proporcionales a la producción, se resume en el siguiente gráfico.

El punto representado en el gráfico como P1, donde el gasto público es igual a los impuestos, establece el punto de equilibrio fiscal.

En la zona en rojo, donde las tasas son menores al gasto público, o se gasta más de lo que se percibe, se tiene un déficit.

En la zona verde se tiene un superávit, ya que se tiene más ingreso de lo que se gasta.

El déficit fiscal no es necesariamente algo malo que hay que evitar. Los partidarios de la política fiscal creen que, en vez de estar en el punto de equilibrio, donde no hay ni déficit ni superávit, es mejor aumentar el gasto público para incentivar la economía; en ésta caso se tendrían menos ingresos y más gastos, entrando así en un déficit fiscal.

Mecanismos de Control de la Política Fiscal

Los dos mecanismos de control sugeridos por los keynesianos, quienes son partidarios de la política fiscal, son la variación del gasto público y la variación de los impuestos. De éstas dos formas, es más importante el control de la inversión pública, pero si hay que elegir entre hacer que el estado gaste más o bajar los impuestos, los políticos suelen escoger la segunda opción, ya que ésta es de efectos inmediatos, reversible y les proporciona más popularidad.

Variación del gasto público
La política fiscal dice que cuantas más obras haya en el país, mejor para la economía. Existe así una mayor contratación de trabajadores que se traduce en una disminución del desempleo, una mayor demanda de materias primas y un incremento en la producción y en el producto interno bruto.

Variación de los impuestos
Si se aumenta el ingreso de los consumidores, es decir, el dinero que la gente tiene disponible para gastar, entonces éstos pueden gastar más, y es probable que lo hagan.
El estímulo al consumo permite mejorar la economía debido al ejemplo multiplicador, un punto importante en la teoría de Keynes. Dice que el dinero, al pasar de mano en mano, va generando incrementos en la producción, es decir, aumenta el producto nacional.


Tipos de Política Fiscal

La política fiscal puede ser expansiva o restrictiva:

Política fiscal expansiva: cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse. Como resultado se tiende al déficit o incluso puede provocar inflación. Los mecanismos a usar para su aplicación son:

Ø Aumentar el gasto público, para aumentar la producción y reducir la paralización de empresas.

Ø Bajar los impuestos, para aumentar la renta disponible de los consumidores, lo que hará que éstos gasten más y a su vez halla una mayor inversión en las empresas, es decir, un desplazamiento de la demanda agregada en sentido expansivo.

Política fiscal restrictiva: cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo cuando la economía está e un periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que está creando. Como resultado se tiende al superávit. Los mecanismos a utilizar para su implementación son:

Ø Reducir el gasto público, para bajar la producción.

Ø Subir los impuestos, para que la gente no gaste tanto y las empresas puedan invertir menos, así la demanda agregada se reduce.

Historia de la Política Fiscal

La política fiscal es la propuesta por John Maynard Keynes, que propone teorías innovadoras. Por ejemplo dice que la ley de Say, que dice: “la oferta genera su propia demanda”, no se cumple, ya que puede haber equilibrio económico a pesar de que hallan muchas empresas cerradas, que no estén en producción.

Otra de las propuestas keynesianas es la de que el estado es quien debe resolver el problema de las empresas paradas, improductivas, a diferencia de los clásicos y los monetaristas que dicen que se soluciona por si solo. Para hacerlo el estado el estado debe controlar la demanda agregada a través de la política fiscal.

Críticas a la Política Fiscal

Efecto expulsión
En caso de recesión se aplica una política expansiva: se aumenta el gasto público o se bajan los impuestos. Para poder financiarse, el Estado necesita dinero, y lo encuentra en el mercado privado, vendiendo títulos de deuda pública. Al vender tantos, el precio de éstos baja y la gente compra más ya que parecen rentables. Al final la gente está invirtiendo mucho en el Estado, pero no en el mercado privado que era lo que se pretendía.

Provoca déficit comercial
Si los títulos de deuda pública se venden en el extranjero, la moneda propia subirá de valor. Esto hará que bajen las exportaciones ya que los de afuera les resultará más caro comprar, y esta situación no es deseable en una fase de recesión.

Retrasos
La aplicación de la política fiscal para que sea efectiva, debe tener muy en cuenta el ciclo económico, ya que si se aplica una política restrictiva durante un periodo de recesión, ésta será un fracaso. Se tiene que conocer muy bien el ciclo económico, cosa que no es fácil.

Propensión al consumo, no constante
Los clásicos opinan que no siempre el consumidor gasta el mismo porcentaje de sus ingresos, por lo tanto la propensión marginal al consumo o al ahorro no es constante, dependiendo esto mucho de cada persona en particular.

POLÍTICA MONETARIA

La política monetaria es una política económica que utiliza la cantidad de dinero como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Para ello las autoridades monetarias usan mecanismos como la variación del tipo de interés y participan en el mercado de dinero.

Objetivos de la Política Monetaria

Ø Lograr la estabilidad del valor del dinero.

Ø Disminuir el desempleo al mínimo, logrando el mayor nivel de empleo posible.

Ø Evitar los desequilibrios permanentes en la balanza de pagos.


Mecanismos de la Política Monetaria

Los mecanismos que se emplean para el control de la cantidad de dinero son los siguientes:

Variación del tipo de interés
Con un tipo de interés alto, no todos los inversores podrán pagarlo y por lo tanto no pedirán muchos préstamos. El dinero permanecerá en el banco. Por el contrario un descenso en los intereses incentiva la inversión y la actividad económica, ya que los inversionistas podrán disponer de una mayor cantidad de dinero para desarrollar sus proyectos. Por tanto, los cambios en la tasas de interés están directamente relacionados con la cantidad de dinero que circula en el mercado.

Existen otros procesos distintos a la política monetaria, que también alteran las tasas de interés, como son el proceso inflacionario y el auge o recesión de la actividad económica, y que dificultan el papel de la tasa de interés como variable objetivo de la política monetaria.

Variación del coeficiente de caja
El coeficiente de caja o coeficiente legal de reservas, establece el porcentaje de los depósitos bancarios que ha de mantenerse guardado sin ser prestado.
Si el banco central decide disminuir éste porcentaje, los bancos podrán disponer de una mayor cantidad de dinero para otorgar créditos, aumentando así el volumen de dinero circulante. Por otro lado, si el coeficiente aumenta, habrá menos préstamos y el dinero circulante disminuirá.

Operaciones de mercado abierto
Las operaciones de mercado abierto las lleva a cabo el banco central, y consisten en al emisión de títulos de deuda pública en le mercado abierto. Éstos títulos pueden ser letras, bonos y obligaciones.
Si el banco central pone a la venta de un solo golpe muchos títulos, y los ciudadanos y los bancos los compran, el público dispondrá de menos dinero, y la cantidad de éste, en circulación, disminuirá. Por el contrario si el banco central compra títulos, inyecta dinero al mercado, aumentando la cantidad de éste en circulación.


Tipos de Política Monetaria

Política monetaria expansiva
Cuando en el mercado hay poco dinero en circulación, se puede aplicar una política monetaria expansiva, destinada a aumentar la cantidad de dinero circulante. Ésta consistiría en aplicar los mecanismos anteriormente descritos como son:
Ø Reducir la tasa de interés, para hacer más atractivos los préstamos.
Ø Reducir el coeficiente de caja, para poder prestar más dinero.
Ø Comprar deuda pública, para aportar dinero al mercado.

Política monetaria restrictiva
Cuando en el mercado hay mucho dinero en circulación, y es de interés reducir dicha cantidad, se puede aplicar una política monetaria restrictiva. Consiste en lo contrario a la expansiva:
Ø Aumentar la tasa de interés, para que se reduzcan las solicitudes de préstamos.
Ø Aumentar el coeficiente de caja, para dejar menos dinero disponible para ser otorgado en créditos.
Ø Vender deuda pública, para quitar dinero del mercado cambiándolo por títulos.


Historia de la Política Monetaria

La política monetaria esta desarrollada por economistas como Irving Fisher, Friedrich Hayek y Milton Friedman. Se basa en la idea de economistas clásicos como Adam Smith y John Stuart Mill, que ya la propusieron en una crisis económica como el crack de 1929. Sugieren que el Estado no debe intervenir activamente en la economía en caso de depresión, ya que es probable que la empeore, y que debe limitarse a controlar la cantidad de dinero.

En el caso del crack de 1929, la política monetaria falló. Los clásicos creían que al haber caído la cantidad de dinero, también bajarían los precios y los salarios y que se volvería automáticamente al pleno empleo. Pero resultó que tanto precios como salarios son rígidos a la baja, es decir, los empresarios se negaban a bajar los precios y los trabajadores a cobrar menos.


Críticas a la Política Monetaria

Sensibilidad de la inversión al cambio de los intereses
Para los keynesianos, el hecho de bajar los tipos de interés no implica necesariamente un aumento en las inversiones; consideran que las inversiones dependen más de las necesidades y expectativas que del tipo de interés.

Velocidad de circulación del dinero no estable
La velocidad de circulación del dinero se supone constante en la relación masa monetaria y velocidad de circulación del dinero, que equivale a la relación nivel de precios y producción de bienes y servicios. Pero de hecho, dicha velocidad aumenta cuando hay expansión y disminuye cuando hay recesión.


Asimetría de la política monetaria

La política monetaria es más efectiva para restringir el gasto agregado (política restrictiva) que para generarlo (política expansiva). Ésto se debe a tres motivos:

A las autoridades les resulta más fácil presionar al alza las tasas de interés que a la baja.

El banco central puede llevar a cabo una política expansiva posibilitando con ello una mayor concesión de préstamo y por lo tanto, aumentando la oferta de dinero; pero no puede obligar a los bancos a que presten más cuando, por ejemplo, los empresarios se nieguen a invertir ante expectativas negativas.

Mediante la política restrictiva se puede incluso racionar el crédito, de forma que las empresas sean incapaces de obtenerlos para financiar sus inversiones. Sin embargo lo contrario no es así, ya que no se puede forzar a que las empresas soliciten más crédito de lo que desean.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

El Banco Central de Venezuela es una institución encargada de emitir dinero y de regular el nivel de crédito de la economía. Atiende el objetivo de estabilidad de precios. Igualmente, cumple otras funciones como son: moderar la volatilidad de corto plazo del producto interno bruto y el tipo de cambio, administrar las reservas internacionales, servir de prestamista de última instancia a los bancos comerciales y velar por el buen funcionamiento del sistema financiero.

POLITICA FISCAL VENEZOLANA

La política fiscal venezolana en los últimos años, de acuerdo a la revista Ecoanalítica, ha estado dividida en dos etapas:
La primera etapa de la política fiscal: abarca el período de 1999 a 2002. Lo más característico de la misma es la reducción del número de ministerios, la reforma del sistema de administración financiera con el fin de establecer los límites máximos de gasto y endeudamiento y los cambios en materia tributaria que implicaron la reducción de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 14,5% y la instrumentación del Impuesto al Débito Bancario (IDB).
Un hecho relevante de esta etapa es la acumulación de recursos en un fondo de estabilización. Los fondos de estabilización son, en esencia, una regla de ahorro-gasto de recursos con el objeto de estabilizar alguna variable macroeconómica relevante. En este sentido, si la autoridad fiscal es capaz de ahorrar en los tiempos de bonanza, tendría un mejor desempeño en tiempos de crisis. Como resultado, haría que el gasto del sector público fuese menos volátil y permitiría una evolución más estable de la demanda agregada y del ambiente macroeconómico en general.
Ante las dificultades para salir a los mercados internacionales, la administración recurrió a las colocaciones de bonos en el mercado interno. En un período de tres años las obligaciones internas se incrementaron en más de 200% al pasar de US$ 4.400 millones en 1998 a US$ 14.400 millones al cierre de 2001. Con esos recursos el Gobierno atendió un gasto que llegó a niveles de 25% del PIB. En esos períodos se registraron comportamientos favorables de la actividad económica, la cual llegó a crecer un promedio de 3%, sin embargo la inflación se convirtió en la tarea pendiente.


Segunda etapa de la política fiscal: abarca el periodo de 2003 a 2007.
Cuando a finales de 2003 los precios del crudo comienzan a subir, el Ejecutivo Nacional inicia una nueva etapa en la política fiscal, cuya principal característica es la expansión del gasto y el uso de fondos extrapresupuestarios. Adicionalmente, en esta etapa el Ejecutivo realiza múltiples procesos electorales, por lo que el gasto público se convierte en el motor para garantizar el apoyo al Gobierno. El aumento de los precios petroleros de US$ 35 en 2004 hasta superar los US$ 100 dólares en las últimas dos semanas permitió incrementar las erogaciones en cuatro puntos. Una parte del gasto se orientó hacia los programas sociales o misiones que surgieron antes del referendo de 2004, pagos de remuneraciones y transferencias a entes. Luego, con el transcurso de los años, el Estado ha utilizado esa mayor cantidad de fondos para tener participación en el modelo productivo.

En el período 1999-2007 encontramos, en perspectiva, tres premisas fundamentales:

1. El crecimiento del gasto público ha sido superior al de los ingresos fiscales.

2. Se ha incrementado la dependencia de los ingresos petroleros; por consiguiente la gestión fiscal actual es más vulnerable ante los vaivenes del mercado petrolero internacional.

3. La opacidad se ha acentuado, lo cual dificulta el análisis de la gestión fiscal.


De acuerdo a las cifras manejadas por la revista Ecoanalítica, en términos netos se tiene que la expansión fiscal desde 1999 hasta 2007 es de US$ 82.038 millones. Si se ve en términos del PIB estimado para 2007 se tiene que la misma es equivalente a 37,2 puntos del PIB.

Al analizar las cifras, se distinguen tres períodos:

1. El período 1999-2001 muestra una expansión moderada de US$ 16.300 millones, lo que en promedio anual sería de US$ 5.433 millones.

2. El período 2002-2003 presenta una contracción fiscal de US$ 12.134. Este es el único período con contracción fiscal del gobierno de Chávez.

3. El período 2004-2007 revela una expansión fiscal de US$ 77.872 millones, es decir, un promedio anual de US$ 19.468 millones. En otras palabras, la expansión fiscal de estos últimos cuatro años es casi equivalente a la de todo el período, y en promedio anual es casi cuatro veces superior al trienio 1999-2001.

CONCLUSIONES

El conocimiento adecuado y a tiempo de los ciclos económicos, es sin duda, de gran importancia a la hora de poner en acción de manera oportuna, mecanismos destinados a activar las políticas mas adecuadas y correctas que tengan como objetivo final corregir desequilibrios económicos no deseables para el país.

La política fiscal, dado su mayor control sobre la economía de un país, en contraposición a la política monetaria, se hace necesaria, si se quiere llevar un control más cercano por parte del gobierno de la economía del país.

La intervención del Estado en la economía del país, hoy mas que nunca ha quedado de manifiesto, que se requiere para llevar un control. Esto ha quedado demostrado por la crisis actual, donde gran parte de las causas ha sido debido a la falta de controles por parte del gobierno de las actividades económicas.

El aumento de la participación del estado en la economía del país es beneficiosa para fomentar el crecimiento económico. Una participación planificada y llevada a cabo de manera efectiva y oportuna, destinada a promover un desarrollo económico y social sustentable y de inclusión de todos los sectores del país.

BIBLIOGRAFÍA

- www.wikipedia.org

- www.bcv.org.ve

- López Clara y Francisco Rodríguez. La Política Fiscal Venezolana 1943 – 2001. Disponible en línea en: http://frrodriguez.web.wesleyan.edu/docs/academic_spanish/politica_fiscal_venezolana_1943_2001.pdf


- Grisanti Alejandro, Asdrúbal Oliveros y Michael Penfold. Política Fiscal en los Últimos Tiempos. Ecoanalítica, Informe Mensual, Número 4, abril 2008. Disponible en línea en: http://www.ecoanalitica.net/newsite/uploads/im_4_2008_04%20es.pdf

FINANZAS PUBLICAS EN EL CONTEXTO DE ALTERNATIVAS VALIDAS DE CALIDAD

FINANZAS PÚBLICAS EN EL CONTEXTO DE ALTERNATIVAS VALIDAS DE CALIDAD

Maria Consuelo Escobar, Lisbeth Antique, Oskin Briceño, Marlene Arenas. Estudiantes de la Especialización Gerencia Pública del Convenio UNEFA - MINEC



INTRODUCCION


El siguiente trabajo ha sido realizado con la finalidad de abarcar, someramente, un tema de vital importancia, el cual es el Sistema Tributario y el Gasto Publico, tratando de hacer un análisis del mismo, enfocado hacia nuestro país. Como es de saber, Venezuela como país cuya primordial fuente de ingresos ha derivado históricamente del petróleo e hidrocarburos y de la explotación de nuestras riquezas provenientes de recursos no renovables, no había concedido real importancia al tema de la tributación ya que la renta petrolera sustituía el esfuerzo que los ciudadanos debíamos aportar en la construcción de un país, lo que se traducía en un escaso nivel de madurez tributaria. Hoy, y desde hace algunos años, esa realidad ha cambiado en forma drástica, y la constatación de que los recursos petroleros no son suficientes y además volátiles, finalmente, se analizan algunos aspectos del Sistema Tributario en Venezuela, en cuanto a su reseña histórica, elementos esenciales, así como principios constitucionales básicos y antecedentes.

El gasto público lo conforman erogaciones dinerarias ya que, en la época moderna, tanto su estimación y ejecución están valoradas en términos monetarios, y están representadas en dinero o en bienes que pueden ser objeto de valoración monetaria. Estas erogaciones son efectuadas por el Estado ya que se incluyen todas las sumas de dinero que egresan del Tesoro Público y deben ser financiadas por los ingresos recaudados por éste.

NECESIDAD DE LA REFORMA FISCAL

A parte de la renta petrolera, el Estado venezolano ahora apoya más de la mitad del presupuesto nacional en la renta fiscal. Todo el peso de la recaudación no petrolera se centra en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Si bien es un alivio para la economía nacional no depender en su totalidad del oro negro, tampoco lo es sustentarla en la recaudación fiscal. "La gestión fiscal, tal como lo define la Constitución, está orientada por varios principios generales: la eficiencia, la solvencia, la transparencia, la responsabilidad y el equilibrio fiscal".
Lamentablemente para nuestro país, la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos períodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado de implantar paquetes económicos que reactiven la economía venezolana, pero lamentablemente fallan al no poder controlar el Gasto Público y mucho menos se ha creado una cultura tributaria en los ciudadanos y empresas Venezolanas.
Durante los períodos de bonanza petrolera que vivía el país y hasta la llegada del viernes negro, la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme gasto público producto de un abultado número de subsidios y regalías; y una política de endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por concepto de exportaciones petroleras eran suficientes para cubrir el gasto público, realmente no se desarrollo nunca una política económica y menos una política tributaria eficiente y adaptada a la realidad del país y modernizada. La modernización llegó muy tarde, hace apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales utilizados en las políticas económicas eran pocos, mal implantados y muy difíciles de controlar, obteniéndose una gran perdida por los altos niveles de evasión fiscal que se presentaban.
Luego del viernes negro, y por causa de políticas económicas que no han sido diseñadas para adaptarse a la realidad de nuestro país, la política fiscal ha sido mal planteada y mal ejecutada. Se ha intentado aplicar serias medidas en materia económica pero han perdido efecto; primero por falta de continuidad en las políticas aplicadas, es decir, muchas veces dentro de un mismo periodo gubernamental hemos visto cambios en las políticas aplicadas, y apenas toman control los nuevos gobiernos inmediatamente son cambiados los planes económicos, con esto solo se logra un sistema inestable que no es capaz de asimilar un lineamiento cuando se le impone una nueva dirección. En segundo lugar por carecer de un planteamiento que busque primero, controlar el gasto público a través del mejoramiento y simplificación del sector público y crear un Sistema Tributario eficiente, para luego poco a poco pero con paso firme y sostenido lograr la reactivación económica que tanto requiere Venezuela.
En Venezuela, la posibilidad de un Estado como el que tuvimos en las últimas décadas ya no es viable, por la sencilla razón de que el país no se puede permitir ese lujo. La sinceración de la economía es y seguirá siendo la única salida. Los controles excesivos, los subsidios, el proteccionismo, el paternalismo estatal y el Estado empresario, conllevan altos grados de ineficiencia y terminan imponiendo un elevado costo a la sociedad. Esos costos tienen que salir de alguna parte (endeudamineto). Las políticas económicas que caracterizaron la política económica venezolana entre 1974 y 1994 arrojaron una hiperinflación alimentada por un drástico y continuado deterioro en el valor de nuestro signo monetario.
El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una reducción del gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica.
Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación que permitan reducir el déficit fiscal.
La Asamblea Nacional viene discutiendo la necesidad progresiva que existe de fortalecer el sistema aduanero y de políticas fiscales. Se concretaron en el seno de la discusión parlamentaria una serie de medidas en materia administrativa, funcional, normativa, organizativa y presupuestaria.
La situación más dramática la viven las gobernaciones y alcaldías que no reciben lo que les corresponde según el presupuesto nacional establecido a principios de año. La deficiente repartición de las ganancias obtenidas por la recaudación es lo que hace dudar no sólo a políticos de oposición, sino también a la población en general que, ya consiente por la cantidad de sanciones y la presión por parte del Seniat, sabe que el dinero existe en las arcas del Gobierno, pero no retorna eficientemente a las comunidades.
Desde el punto de vista técnico la necesidad de una reforma fiscal, que profundice la descentralización, que esté acompañada con un gasto bien definido y predeterminado, con una armonización tributaria de las potestades nacionales, estadales y municipales, pero hasta la presente fecha no se dan las condiciones legales, institucionales, económicas, política y sociales para ello.
La Política Fiscal es de gran importancia para el desarrollo económico de cualquier nación, esta debe ser adaptada a las realidades de cada nación, cuidadosamente estudiada y ser aplicada con la más estricta disciplina, a fin de lograr los objetivos de crecimiento económico y desarrollo que persigue la Teoría Económica. La política fiscal puede estar orientada hacia dos corrientes principales; las políticas de demanda y las políticas de Oferta, sin embargo, buscan el equilibrio macroeconómica necesario para lograr el crecimiento sostenido y el desarrollo de las naciones. En el cuadro 1. se puede observar como ha sido el comportamiento de los ingresos tributarios y no tributarios durante el periodo 1998 - 2007.
Cuadro 1. Comportamiento de los Ingresos Tributarios y No Tributarios durante 1998-2007


EL SISTEMA TRIBUTARIO EN VENEZUELA

Venezuela como unos de los principales países exportadores de petróleo obtenía sus ingresos de este, por lo que no le había tomado real importancia a las tributaciones, considerándose como uno de los países con más baja carga impositiva.
Desde hace algunos años los ingresos provenientes de los recursos petroleros se hicieron insuficientes y cambiantes. Por lo que el Gobierno en los últimos periodos han buscado otras formas de financiación que le sean más efectivas.
En este sentido, y desde hace algunos años, se inicio en nuestro país un esfuerzo de modernización del estado cuyo principal objetivo consistió en procurar soluciones a la grave crisis del sistema de las finanzas públicas.
La aplicación de la primera estrategia se inicio en el año 1989, con la propuesta de una administración para el Impuesto del Valor Agregado, que luego fue asumiendo paulatinamente el control de todos los tributos que conformaban el sistema impositivo nacional para ese momento.
A mediados de 1994, se estructura un programa de reforma tributaria, dentro de un esfuerzo de modernización de las finanzas públicas de los ingresos, que en Venezuela se denomino "sistema de gestión y control de las finanzas públicas" (SIGECOF), el cual fue estructurado con el apoyo del Banco Mundial, propiciando así a la actualización del marco legal y funcional de la Hacienda Pública Nacional.
Dentro del marco así creado, también se consideró importante dotar al Estado venezolano de un servicio de formulación de políticas impositivas y de administración tributaria, cuya finalidad declarada por el primer Superintendente Nacional Tributario en el año 1996 consistía en "reducir drásticamente los elevados índices de evasión fiscal y consolidar un sistema de finanzas públicas, fundamentado básicamente en los impuestos derivados de la actividad productiva y menos dependiente del esquema rentista petrolero.". Ese cambio tan relevante se logró a través de la creación del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, (en lo adelante SENIAT, hoy en dia se le conoce como Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria), mediante Decreto Presidencial Número 310 de fecha 10 de agosto de 1994, como un Servicio con autonomía financiera y funcional y con un sistema propio de personal, en atención a las previsiones respectivas de nuestro Código Orgánico Tributario.
Como punto adicional, consideramos necesario destacar que conjuntamente con la creación del SENIAT, se adoptó también un sistema de Contribuyentes Especiales, para atender y controlar a los contribuyentes de mayor significación fiscal, adoptando así una estrategia que ya había sido ensayada con éxito en otros países de América Latina, con estructuras socioeconómicas cuyo común denominador es una alta concentración de la riqueza, tales como Argentina y Colombia, como pioneros y luego Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador. Se lograba de esta forma, el control de una parte importante de la recaudación, mediante el uso de una menor cantidad de fondos, reorientando los recursos siempre escasos de nuestra administración hacia los contribuyentes con mayor potencial fiscal.
El sistema tributario venezolano está fundamentado en los principios constitucionales de legalidad, progresividad, equidad, justicia, capacidad contributiva, no retroactividad y no confiscación. Este sistema distribuye la potestad tributaria en tres niveles de gobierno: nacional, estadal y municipal.
Así, en la actualidad el SENIAT en ejercicio de la competencia que le ha sido conferida sobre la potestad tributaria nacional, tiene bajo su jurisdicción los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto sobre sucesiones, impuesto sobre donaciones, impuesto sobre cigarrillos y manufacturas del tabaco, el impuesto sobre licores y especies alcohólicas y el impuesto sobre actividades de juegos de envite y azar.

Finalmente, a partir de la reciente promulgación de nuestra nueva Constitución en diciembre de 1999, luego del particular proceso constituyente vivido en el país, el Sistema Tributario en Venezuela ocupa un lugar destacado en los presupuestos de la República, toda vez que se adelanta, una vez más, un proceso de reforma tributaria tendiente a mejorar el sistema tributario Venezolano, en la Asamblea Nacional se están discutiendo temas de vital importancia para el futuro de nuestro sistema tributario, entre ellos podemos mencionar a la tan esperada Ley de Hacienda Pública Estadal, cuya promulgación esta en mora por parte de la A.N., la cual está obligada, por mandato constitucional, a promulgar dicha ley en un lapso perentorio, pero aun no se ha promulgado, asimismo,. Se estudia la aplicación de un nuevo y especial tributo al cual se le ha denominado "Monotributo", el cual pechara los ingresos del sector de la economía informal, es decir el comercio informal. Asimismo, muy pronto entrara en vigencia un nuevo tributo derivado de la no menos polémica Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Se ha sabido por informaciones extra-oficiales que el Ministerio de Agricultura y Tierras tiene una lista con más de 300 fincas que están reportadas como ociosas y abandonadas, a las cuales se les aplicará todo el peso de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y se comenzará con el cobro del impuesto a la improductividad. Este tributo se declarará al Fisco a partir del 31 de marzo de 2003, a través del Seniat, y tomará en consideración el año de siembra y la cosecha de este año, con un método similar al que se usa para el impuesto sobre la renta.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN VENEZUELA.
Partiendo del presupuesto de que toda sociedad se constituye con el objetivo de lograr un fin común, y como consecuencia lógica de esta premisa, se establecen las normas que habrán de regir su funcionamiento conjuntamente con los organismos que sean necesarios para la realización de este fin colectivo. El desarrollo de esta idea de sociedad, como cualquier otra actividad, genera costos y gastos, los cuales, como resulta obvio, deben ser cubiertos con los recursos propios de esa colectividad, bien porque en su seno se realizan tareas que le produzcan tales ingresos, o bien, y sobre todo, porque ésta percibe los aportes de sus miembros.
La Constitución de nuestra República contiene estatutos que rigen el funcionamiento del país y, en su artículo 136 establece que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos. Para hacer efectiva esa contribución o colaboración se recurre a la figura de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) incorporando expresamente en el artículo precitado esa conexión, como no se había hecho en nuestras constituciones precedentes, pero, concatenando aquella norma con el dispositivo contenido en el artículo 316 de la Carta Fundamental, que a la letra señala:
"El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos."
En aplicación de esta disposición constitucional, el sistema tributario - y no un determinado impuesto - establecerá la obligación de contribuir en atención a la capacidad económica del sujeto pasivo; con tal fin, los tributos no pueden ser calculados sobre una base proporcional sino atendiendo al principio de progresividad, mecanismo que debe respetarse para que el Estado pueda cumplir con la obligación de proteger la economía nacional y de lograr un adecuado nivel de vida para el pueblo.
PRINCIPIOS DE RANGO CONSTITUCIONAL.
Cabe señalar que en el Derecho Tributario Nacional, concebido como un todo, siempre se había destacado con especial diferencia el hecho de que, desde su creación como tal la República adoptó el principio de legalidad o de reserva legal en materia tributaria, con rango constitucional. Así lo encontramos recogido desde la Constitución de 1811, dictada por el Congreso que decretó la independencia de Venezuela y expresamente consagrado en nuestra Carta Magna de 1830, a través de la cual se dio vida al Estado Venezolano, en la disposición respectiva que le atribuyó al Congreso la facultad de crear "...impuestos, derechos y contribuciones para atender a los gastos nacionales, velar sobre su inversión y tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo y demás empleados de la República." Este principio, con algunas diferencias, se repite y recoge en la Constitución de 1819. La disposición así concebida, se mantuvo con ligeras variantes en todas nuestras Constituciones promulgadas desde entonces hasta hoy. No obstante, un importante avance se introduce en nuestra nueva Carta Fundamental, promulgada el 31 de diciembre de 1999, en la cual se añade a la norma cuya redacción se había mantenido sin mayores modificaciones, la prohibición del efecto confiscatorio de cualquier tributo que cree la Ley, con lo cual, no sólo se reserva a ésta la facultad de crear cualquier impuesto, sino que además se impone al legislador una limitación del más alto rango normativo, en el sentido de atender a la justicia y equidad de las exacciones a ser creadas, so pena de violación del derecho de propiedad, que desde siempre ha contado en nuestro país con esta protección constitucional. Dicha limitación, conocida como el principio de no confiscatoriedad, el cual está consagrado en el siguiente Art. de nuestra CNRB que se transcribe de esta manera:
"Artículo 317: No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén establecidos en la Ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las Leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio."
Se ha hecho especial énfasis en este principio y la fórmula seleccionada para consagrarlo en nuestra nueva Constitución, toda vez que al representar los tributos invasiones de parte del Poder Público en las riquezas particulares y una innegable limitación de la libertad y propiedad privada, se ha aceptado pacíficamente en el ámbito internacional, que tales invasiones o limitaciones se hagan exclusivamente a través de la Ley.
Se ha considerado necesaria la breve disquisición precedente, por cuanto en nuestro país es mucho lo que se ha discutido sobre esos casos de excepción previstos en nuestro régimen constitucional, en los que se contemplaba la posibilidad para el Ejecutivo Nacional, a través de la figura del Presidente de la República, de intervenir en una serie de materias reservadas a la ley. (De hecho, la última reforma de nuestro Código Orgánico Tributario, se hizo mediante un Decreto-Ley).
Por otra parte, y conjuntamente con la relevancia y significación del principio de legalidad, la recién promulgada Constitución, establece, como lo hacía la derogada de 1961 según vimos al inicio de esta sección, que el sistema tributario en su conjunto procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, y en este marco dispone que se deberá atender al principio de progresividad, a la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, sustentándose para ello en un sistema eficiente de recaudación de los tributos. (Artículo 316, CNRB). La norma antes referida se complementa con la previsión contenida en el aparte final del artículo 317 ejusdem que enuncia los principios en los que debe soportarse la administración tributaria, señalando que ésta gozará de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con la normativa que sea aprobada a tal efecto por la Asamblea Nacional, y su máxima autoridad deberá designarla el Presidente de la República de conformidad con las normas previstas en la Ley.
Finalmente, cabe destacar que El Poder Nacional tiene asignada, de conformidad con en el artículo 156, la potestad tributaria, en los rubros siguientes:
- La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes, y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución y la Ley.

 La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.
 La creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control correspondan a los Municipios, de conformidad con la Constitución.
 Además, el Poder Nacional tiene competencia para regular la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios de los Estados; y para establecer el régimen del Situado Constitucional de los Estados y la participación municipal en el mismo (Art.164, Ord. 4); y para regular la coparticipación de los Estados en tributos nacionales (Art. 164.Ord. 6).
Nuestra Constitución de 1999, tiene asignada en forma directa los Estados las potestades tributarias que se señalan a continuación:
 La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales.
 La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas.
Además, le corresponden las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones y las que le sean atribuidas; lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales y demás ingresos definidos en el artículo 137 "ejusdem", y las competencias residuales, previstas en el ordinal 11 de conformidad con el principio propio de las federaciones en este particular.
Los Municipios tienen asignadas, de conformidad con el artículo 179 de la Constitución, las siguientes potestades tributarias:

- Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en la Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística.
- El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.
El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que les sean atribuidas.

ESTRATEGIAS PARA MODERNIZAR EL SISTEMA TRIBUTARIO

La Modernización Tributaria como sinónimo de reforma tributaria, es el ajuste al sistema tributario y su administración, para lograr cambios fundamentales y permanentes en sus características, orientados al logro de objetivos a largo plazo.
Modernizar los sistemas tributarios responde a las siguientes necesidades por parte del estado:
1. Necesidad de recursos para atender las demandas sociales con un mayor financiamiento propio, sin tener que recurrir a deudas futuras.
2. Necesidad de redistribuir ingresos a través de medidas de políticas tributarias progresivas que coadyuven, o al menos no sean contradictorias con las políticas redistributivas de gasto asumido.
3. Necesidad de reforzamiento de la credibilidad, si el País presenta inestabilidad económica.
La reforma tributaria no se da tan frecuentemente, y si se dan, por lo general es a través de cambios graduales que no pongan en riesgo las ganancias logradas por años en materia impositiva.

La modernización tributaria involucra cambios de políticas como de administración tributaria, su objetivo central es incrementar la equidad, mejorar la eficiencia y reducir la complejidad y costos administrativos, y de esta manera lograr un proceso de modernización y sus alternativas de desarrollo dependen en gran medida del tipo de objetivos que prioricen los hacedores de política y líderes de la reforma.

El incremento de los ingresos tributarios contribuye a:
1. Frenar la Inflación
2. Expandir el Gasto Social.
3. Disminuir el déficit fiscal.
4. Incremento en la recaudación del impuesto al valor agregado y no en impuesto al comercio exterior.
5. Ampliación de números de contribuyentes
6. Mejora de los servicios brindados a los contribuyentes.

En nuestro país, a partir del año 2004 los voceros del Gobierno señalaron que se preparaba una reforma tributaria que consistía en crear nuevos gravámenes y modificar los vigentes, tres años después esos cambios se continúan analizando, pero ahora bajo el amparo del sistema impositivo socialista.

En la agenda del Ejecutivo Nacional se tiene previsto reformar la Ley de Impuesto sobre la Renta, en gran medida para obligar a las empresas a realizar más aportes. Los ajustes en gran medida se concentrarían en la regulación a las ganancias.

Junto a los cambios en el ISLR, se tiene previsto la eliminación del Impuesto a las Sucesiones y la presentación del Impuesto al Capital, que cancelarían aquellos con capitales por encima de las 25.000 Unidades Tributarias (940,8 millones de bolívares).

Adicionalmente se revisará el Código Orgánico Tributario para modificar las disposiciones referentes al cumplimiento de los deberes formales y se creará el Código Orgánico de Aduanas, con lo cual se derogaría el texto que está vigente.

La Ley de Impuesto al Valor Agregado ya no tendrá más ajustes, se mantendrán los cambios aprobado. En ese mes se autorizó el incremento de las exenciones y la rebaja de la alícuota en cinco puntos de 14% ahora a 9%.

Gran parte de la reforma se concentrara a través de la Ley Habilitante, en manos de la Asamblea Nacional estaría la constitución del Impuesto a las Transacciones Interbancarias. Ya el Parlamento aprobó hace algunas semanas el Impuesto a los Juegos de Envite y Azar.

Adicionalmente a esas modificaciones estaba la creación del Impuesto al Patrimonio de las Personas Naturales, el tributo al consumo selectivo (que pechaba las bebidas energizantes, así como algunos bienes), el Impuesto a la Contaminación Ambiental, el Impuesto al Comercio Electrónico, el monotributo y la Ley Antipiratería.

GASTO PÚBLICO

El gasto público se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto publico para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.

El gasto público son todas las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas. El gasto público lo conforman erogaciones dinerarias ya que, en la época moderna, tanto su estimación y ejecución están valoradas en términos monetarios, y están representadas en dinero o en bienes que pueden ser objeto de valoración monetaria. Estas erogaciones son efectuadas por el Estado ya que se incluyen todas las sumas de dinero que egresan del Tesoro Público y deben ser financiadas por los ingresos recaudados por éste. Asimismo, el gasto público se realiza en virtud de la ley en vista de que “no hay gasto público legítimo sin ley que lo autorice” (principio de legalidad del gasto), es decir, los entes públicos solo pueden ejecutar el gasto cuando éste ha sido autorizado previamente por algún tipo de instrumento legal.

Finalmente, es un gasto que se realiza para cumplir los fines del Estado consistentes en la satisfacción de las necesidades de la colectividad, ya que esta es la finalidad principal que se le ha otorgado a la actividad financiera pública; con respecto a esta finalidad hay que señalar que no siempre todas las erogaciones del tesoro público responden a la satisfacción de necesidades, y por ello no dejan de ser catalogados como gasto público. Se considera que en la medida en que el gasto público contribuya a la satisfacción de necesidades será más legítimo (principio de legitimidad del gasto), pero aún en aquellos casos en que no se aplique tal principio sigue existiendo el gasto público si cumple con el resto de las condiciones antes mencionadas; por eso, la necesidad pública es el presupuesto de legitimidad del gasto público, pero no su presupuesto existencial.

En el caso venezolano, el gasto público del gobierno nacional es autorizado mediante la Ley de Presupuesto anual que sanciona la Asamblea Nacional para cada período presupuestario (anualmente), o mediante la aprobación de créditos adicionales por este mismo cuerpo legislativo.

PRINCIPIOS DEL GASTO PÚBLICO
El gasto público lo rigen principios que dependen de los objetivos que se quieran alcanzar. Gastar lo menos posible; Obtener el máximo beneficio posible con los recursos posibles; los gastos deben ser adecuados a la capacidad económica; Incentivar pero no inmiscuirse en la economía privada;
Se origina como respuesta a las necesidades públicas.
• Necesidades absolutas, propias e ineludibles del estado, las realiza directamente: Defensa; Seguridad y Paz Social; Administración de justicia
• Necesidades relativas. Pueden ser satisfechas por particulares. El estado delega pero supervisa: Salud; Educación; Energía eléctrica; Control de calidad.

FUNCIONES DEL GASTO PÚBLICO.

El conjunto de finalidades que pueden ser cubiertas con la estimación y ejecución de gasto público pueden ser agrupadas en tres categorías principales: función social (redistributiva), función económica (reguladora) y función administrativa.

En primer lugar, cumple una función redistributiva, al intentar la mejora de las condiciones de vida de la población de menores ingresos, financiando esta función con los recursos que recauda de los sectores de la población que percibe la mayor porción de la renta nacional. El producto de la actividad económica se distribuye en forma desigual entre los diferentes agentes económicos que participan en ella (empresarios, empleados, obreros, sus grupos familiares); algunos grupos obtienen ingresos más que suficientes para satisfacer sus necesidades diversas, mientras otros no logran cubrir sus necesidades básicas con el bajo nivel de ingresos disponibles.

La actividad financiera del Estado intenta recaudar recursos de los estratos de mayor ingreso para financiar la satisfacción de necesidades de los sectores más pobres (salud, educación, seguridad, etc) a través del gasto público, y de esta forma puede contribuir a una redistribución socialmente más justa de los recursos. Esta premisa teórica no siempre se cumple en la realidad, y aún en los casos en que se materializa en la práctica no es posible lograr una igualdad total entre todos los integrantes de la población. Sin embargo, en la medida en que el gasto público cumpla con su función redistributiva contribuye a mejorar los niveles de satisfacción de necesidades en una colectividad.
Esta misma función del gasto público le permite al Estado devolver a la actividad económica los recursos que ha sustraído de ella. Más que un pozo sin fondo, la figura del Estado es la de un filtro desde el punto de vista de su actividad financiera. Una parte de la renta nacional pasa a través de este filtro, como gastos del Estado, y el papel exacto del Estado consiste en orientar esos gastos en tal o cual dirección, según criterios políticos, sin destruir la riqueza que ello significa, según la conveniencia de la colectividad.
El Estado, pues, no consume sino que redistribuye o produce nuevos bienes o servicios. El conjunto de las sumas repartidas entre los súbditos por el Estado es equivalente al conjunto de cantidades que ha recaudado de sus rentas y aunque es cierto que, aun en la economía privada, puede considerarse que al efectuarse gastos existe una redistribución de la riqueza, el Estado por su naturaleza efectúa esa redistribución de riqueza, en una forma mucho más amplia, profunda, intensa y planificada que la redistribución que se efectúa a nivel de la economía privada.

La redistribución de los gastos del Estado tiene un carácter global centralizado y coordinado. Todos los ciudadanos pagan los impuestos y contribuciones y el Estado utiliza así las sumas obtenidas para pagar a los diversos funcionarios, para construir represas, carreteras o subvencionar industrias y exportadores o subsidiar a las familias de desempleados. Las sumas del conjunto de la colectividad nacional son redistribuidas a través de los gastos públicos a diversos grupos y miembros de esta colectividad. Donde se pone más de relieve la función del gasto público moderno es en las llamadas transferencias propiamente dichas, no cuando un funcionario o un proveedor es pagado por el Estado, sino que éste subsidia económicamente a ciertas empresas, otorga a título de ayuda fondos a personas necesitadas, o incluso paga parte de los gastos del Seguro Social o del INCE, en la medida que no son cubiertos por las cotizaciones de los afiliados, trabajadores o patrones”.

En cuanto a la función económica del gasto público, es necesario señalar que existen erogaciones que persiguen la finalidad de regular o incentivar la actividad económica de un sector o de todo un país. Por ejemplo, la entrega de subsidios a ciertas empresas que aún noalcanzan un nivel aceptable de competitividad en los mercados nacionales e internacionales puede estimular la producción de determinados bienes y servicios, con los consiguientes efectos sobre los niveles de empleo (esto suele ocurrir con frecuencia en el sector agrícola). También es el caso de los incentivos crediticios que se entregan a pequeños empresarios para estimular nuevamente la producción y el empleo.

Existen otros gastos que no cumplen una finalidad social o económica, y que pueden catalogarse como gastos con función administrativa. En ellos se incluyen aquellas erogaciones que se realizan para mantener en funcionamiento el aparato estatal (sueldos, materiales, mantenimiento de inmuebles, gastos electorales, etc). Como se señaló anteriormente, el principio de legitimidad del gasto establece que en la medida en que el gasto cumpla una finalidad económico-social será más legítimo, por lo que estos gastos de tipo administrativo no deberían representar una cuantía importante en el total.

CLASIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

La Clasificación del Gasto Publico constituye las diversas formas de presentar los egresos públicos previstos en el presupuesto, con la finalidad de analizarlos, proporcionando además información para el estudio general de la economía y de las políticas económicas que tiene previsto aplicar el Gobierno Nacional para un periodo determinado.

El Gasto Publico se clasifica en:


 Institucional
 Por la naturaleza del gasto o por partida
 Económica
 Sectorial
 Por Programa
 Regional
 Mixtas

1. Clasificación Institucional: A través de ella se ordenan los gastos públicos de las instituciones y dependencias a las cuales se asignan los créditos presupuestarios, en un periodo determinado, para el cumplimiento de sus objetivos.
2. Clasificación por Naturaleza de Gasto: Permite identificar los bienes y servicios que se adquieren con las asignaciones previstas en el presupuesto y el destino de las transferencias, mediante un orden sistemático y homogéneo de estos y de las variaciones de activos y pasivos que el sector publico aplica en el desarrollo de su proceso productivo.
a. Gastos Ordinarios: Son los que se repiten en cada ejercicio presupuestario o que forman parte de las actividades normales del Estado administrador y promotor del desarrollo, tales como los gastos de personal, alquileres de inmuebles o su mantenimiento y la prestación de servicios públicos, así como los de obras públicas que, aunque no se repitan todos los años para las mismas obras, constituyen la actividad de construcción a la cual esta incorporado el ente público en forma permanente.
b. Gastos Extraordinarios: Surgen por situaciones irregulares, no previstas en la planificación normal de las actividades gubernamentales, como por ejemplo las catástrofes.
3. Clasificación Económica: Ordena los gastos públicos de acuerdo con la estructura básica del sistema de cuentas nacionales para acoplar los resultados de las transacciones públicas con el sistema, además permite analizar los efectos de la actividad pública sobre la economía nacional.
a. Gastos Corrientes: Son los gastos de consumo y producción, la renta de la propiedad y las transacciones otorgadas a los otros componentes del sistema económico para financiar gastos de esas características.
b. Gastos de Capital: Son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico.
4. Clasificación Sectorial: Esta presente el gasto publico desagregado en funciones de los sectores económicos y sociales, donde el mismo tiene su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los planes de desarrollo y el presupuesto gubernamental.
5. Clasificación por Programa: Resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios.
6. Clasificación Regional: Permite ordenar el gasto según el destino regional que se le da. Refleja el sentido y alcance de las acciones que se realiza en el sector público, en el ámbito regional.
7. Clasificación Mixta: Son combinaciones de los gastos públicos, que se elaboran con la fines de análisis y toma de decisiones. Esta clasificación permite mostrar una serie de aspectos de gran interés, que posibilitan el estudio sistemático del gasto público y la determinación de la política presupuestaria para un periodo dado. La clasificación mixta mas usada:


 Institucional por Programa
 Institucional por la Naturaleza del Gasto
 Institucional Económica
 Institucional Sectorial
 Por Objeto del Gasto Económico
 Sectorial Económico
 Por Programa y por la Naturaleza del Gasto

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EL GASTO PÚBLICO EN VENEZUELA.

Con la finalidad de tener una visión general del tratamiento del gasto público en Venezuela, se hará una breve referencia a la evolución de esta variable en el gobierno venezolano durante el período 1998 – 2003. No se persigue la finalidad de realizar un análisis detallado del gasto, sólo se intenta señalar algunas de sus características generales en el período.

En el período considerado se constata el incremento de la porción de los gastos públicos que se dedica a gastos corrientes o de funcionamiento, que pasa de un 63,18% en 1998 a más de 68% en los años 2002 y 2003. Esto se traduce lógicamente en una reducción de la porción destinada a los gastos de capital, especialmente en el rubro de adquisición de activos de capital fijo. Es importante destacar que a pesar del crecimiento que se observa en los montos de gasto público (en cifras nominales casi se triplica en el período considerado), en términos reales su aporte a la actividad económica (medida a través del Producto Interno Bruto – PIB1) se mantiene en niveles similares con una leve tendencia alcista; en 1998 la participación del gasto público en el PIB total era de un 27,4% y alcanza un 31,3% en el 2003 (Ministerio de Finanzas, 2004). Es decir, casi una tercera parte de la producción de bienes y servicios en Venezuela es consumida por el Estado venezolano.

En cuanto a la aprobación legal que debe tener todo gasto público antes de ser ejecutado, en Venezuela esta aprobación se logra mediante diferentes mecanismos, entre los que cabe mencionar la Ley de Presupuesto que anualmente sanciona el poder legislativo (en el nivel nacional corresponde a la Asamblea Nacional), y los créditos adicionales que suelen ser aprobados por este mismo poder una vez ha comenzado el período presupuestario correspondiente. Los trámites que deben cumplirse en ambos casos serán estudiados con mayor detalle en el objetivo No. 8 de este curso; al respecto, puede consultarse lo establecido en la Constitución Nacional en materia presupuestaria.

El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador económico que mide el total de bienes y servicios finales producidos en el territorio de un país en un período determinado, generalmente un año. Uno de los elementos que conforman este indicador es el monto del gasto público en bienes de consumo e inversión.

Comportamiento del Gasto Público en Venezuela durante el periodo de 1998 al 2007.








Cuadro 2. Comportamiento del Ingreso y Gasto Público durante 1998 a 2007









Cuadro 3.Comportamiento de los Gasto Corriente y de Capital durante 1998-2007



CONCLUSION

La comprensión de la composición y aplicación de los tributos y del sistema tributario Venezolano, nos ayuda a saber no solo cuáles son nuestras obligaciones, sino también nuestros derechos como contribuyentes. A su vez permite los encargados de planificar las finanzas nacionales determinar cuáles son los criterios que de aplicarse serán mas beneficiosos para la población, lamentablemente en nuestro país esto no es tenido en cuenta y los impuestos en vez de constituir un medio del que el estado se vale para equiparar los beneficios de los habitantes, se constituye en el medio de sacarle más a los que menos tienen para beneficio de unos pocos. En nuestro país no existe una cultura tributaria, como si existe en otros países desarrollados, tales como los Estados Unidos y España, donde la mayor parte de la renta fiscal proviene de los impuestos, contrariamente a nuestro país, donde mas del 90 de la renta fiscal proviene del Petróleo, dependemos casi en un 100% de los ingresos petroleros. Otro gran problema por el cual atravesamos es que nuestra población desconfía enormemente de los destinos que el Estado le da a los ingresos fiscales, los cuales deberían ser invertidos en obras que nos beneficien a todos y no en proselitismos políticos o en las cuentas bancarias de funcionarios corruptos, finalmente, es necesario señalar que nuestro Sistema Tributario necesita profundos cambios, empezando por cambiar las actuales políticas fiscales, que los ingresos fiscales sean realmente reinvertidos en el país, que se mejoren las técnicas tendientes a evitar la evasión fiscal y concienciar a la población acerca de la importancia de cumplir con el deber constitucional de pagar sus impuestos.

El Gasto Publico son todas las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas.

Finalmente, el gasto publico es un gasto que se realiza para cumplir los fines del Estado consistentes en la satisfacción de las necesidades de la colectividad, ya que esta es la finalidad principal que se le ha otorgado a la actividad financiera pública; con respecto a esta finalidad hay que señalar que no siempre todas las erogaciones del tesoro público responden a la satisfacción de necesidades, y por ello no dejan de ser catalogados como gasto público. Se considera que en la medida en que el gasto público contribuya a la satisfacción de necesidades será más legítimo (principio de legitimidad del gasto), pero aún en aquellos casos en que no se aplique tal principio sigue existiendo el gasto público si cumple con el resto de las condiciones antes mencionadas; por eso, la necesidad pública es el presupuesto de legitimidad del gasto público, pero no su presupuesto existencial.

En el caso venezolano, el gasto público del gobierno nacional es autorizado mediante la Ley de Presupuesto anual que sanciona la Asamblea Nacional para cada período presupuestario (anualmente), o mediante la aprobación de créditos adicionales por este mismo cuerpo legislativo.

BIBLIOGRAFIA

Constitución Bolivariana de Venezuela

Codigo Orgánico Tributario

www.monografias.com/trabajos5/polifisc/polifisc.shtml

http://www.ocepre.gov.ve/


http://www.mf.gov.ve/

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/sistribvenct.htm




sábado, 29 de noviembre de 2008

EVALUCIÓN HISTÓRICA DEL GASTO PÚBLICO

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL GASTO PÚBLICO
Adriana Castejón, Glemys Correa, Alexander Ruiz, Daniel Moronta, Melina Maytín Delia Dasilva, Humberto Padilla Haischel Escorche. Estudiantes de la Especializaciòn de Gerencia Pùblica- Convenio UNEFA - MINEC.

INTRODUCCIÓN

Como es ampliamente reconocido, el gasto fiscal es una herramienta de política pública a través de la cual los gobiernos pueden contribuir al desarrollo humano sostenible. Para ello pueden intervenir mediante diversas acciones tales como la promoción del crecimiento económico, la corrección de fallas del mercado, la creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo, así como proporcionando servicios sociales para satisfacer las necesidades de la gente.

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

En los últimos años el sector Educación ha mantenido e inclusive incrementado los recursos públicos que le han sido asignados. En 1997 educación absorbió el 43% del presupuesto del sector social y 13,46% del presupuesto total de la Nación. Esto hace al sistema educativo Venezolano uno de los más costosos del mundo en desarrollo. Sin embargo, los indicadores educativos, paradójicamente, son comparativamente menos favorables que otros países Latinoamericanos (BID, 1993, 97).

Un importante componente del gasto en educación está concentrado en el nivel superior. La educación preescolar, básica y diversificada que representaban para 1995 el 76,09% de los estudiantes inscritos en el sistema educativo recibían solo el 11,5% del total del presupuesto de educación. Por su parte, la educación superior representaba solo el 17,70% de los estudiantes inscritos para el mismo periodo y recibía el 36,2% del presupuesto.

Adicionalmente, el presupuesto es desagregado por ítem de acuerdo al tipo de producción. Las unidades públicas no pueden elegir la combinación de insumos que necesitan y en consecuencia no son capaces de seleccionar la combinación más óptima (Hausmann, 1993, 8).

A partir del año 1999 se observa una tendencia expansiva del indicador, lo cual expresa la altísima prioridad que el gobierno otorga al sector educación en materia de políticas públicas. Se observa que a finales del año 2006 este indicador alcanzará una variación positiva del 62% con respecto al año 1990, el cual se toma como base para la comparación y de 102% con respecto al año 1998, es decir se duplicó el valor del indicador, lo que demuestra el esfuerzo sin precedentes que en materia de educación ha realizado el gobierno bolivariano

En cuanto al gasto público específico en educación, según Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), Venezuela destinaba a educación el 3% del PIB para el año 1990 y el 4,4% para el año 2000, lo que significa un incremento de 1,4 puntos porcentuales del PIB en prácticamente una década. Asimismo, el gasto promedio efectuado en este sector por los países de la muestra fue de 2,5% y 3,7% del PIB para los años 1990 y 2000, respectivamente, lo cual implica un incremento promedio de 1,2 puntos del PIB para estos años. Esto significa que en materia de recursos destinados a educación, Venezuela se encuentra por encima del promedio de la región, tanto en lo relativo al peso del gasto público respecto al PIB, como al incremento de dicho gasto.

GASTO SECTOR SALUD

El gasto publico en el sector salud se puede considerara según la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). como aquellos Gastos a tendientes a incrementar, mantener o mejorar las existencias de capital físico y H. de dominio público destinado a la prestación de servicios de salud y asumiendo un enfoque mas operativo se podria afirmar según el instituto antes señalado como la Suma d todas las partidas de G. asociadas al sector salud, en tal sentido para realizar una aproximación del como ha sido el Gasto Publico en Venezuela se puede citar a la Economista Yajaina Fernandez quien contó con el apoyo de una Importante Corporación Técnica Alemana(GTZ) ademas del MSDS para aquel entonces y una comisión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU) Años 70 al 2002 (esta en el 2 lugar el sector salud), cuyo trabajo fue publicado en Diciembre de 2003 de cuya investigación se generaron conclusiones generales del gasto Publico Social siendo las que conciernen al Sector salud las Siguientes
La mayor partida es correspondiente a gastos de personal especialmente personal no calificado, en consecuencia afectado partidas mantenimiento y compra de materiales de servicios, de igual orden destacando que en el Gasto publico social en salud se observan la existencia de 2 subsistemas el inherente al del Ministerio de salud que corresponde a los Impuestos y el de carácter contributivo del IVSS, lo que efectivamente hacen difícil la cuantificación del gasto publico en salud en Venezuela.
Por otro lado es importante agregar lo que comparte la señora Carmen Boon de Agencia Bolivariana de Noticias Prensa Misión de Venezuela en la ONU (20-10-08) muy recientemente donde señala que Venezuela se incluye entre los primeros países que han logrado disminuir los factores de riesgo de mortalidad en el país, (Cepal ), al mismo tiempo que ha permitido la Accesibilidad a los centros de salud públicos, para todas las personas sin discriminación alguna y para culminar elevar al 96% de los niños y niñas venezolanos está alejados de problemas de desnutrición. y para acotar del aporte que detalla el Ministerio de planificación y desarrollo en su Sistema Integrado de Indicadores Sociales en Venezuela (Sisov) el cual señala que Venezuela presenta un gasto Similar al Gasto Publico De algunos países Latinoamericanos (Brasil, Argentina, Perú y Nicaragua ) lo que permite afirmar que se encuentra en segundo lugar de la escala de modo tal que la demostración de que el país se ajusta a sus exigencias en el gasto publico en el sector salud (PNDU 2003).
Se anexa un cuadro que refleja en cierta manera como ha venido el país evolucionando en la asignación del gasto publico sector Social:

GASTO PÚBLICO Y ALIMENTACIÓN

El gasto público en nuestro país, específicamente en el área de alimentación, como espacio fundamental para la satisfacción de las necesidades primarias de la población, se sustenta en el principio de la equidad. En palabras de Rodolfo Magallanes en su publicación La Equidad en la República Bolivariana de Venezuela 1999 - 2004, de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2005 vol. 11: “La noción de equidad está en la base de cualquier propuesta política, ya que es un requisito necesario para que un orden político cualquiera pueda lograr alguna legitimidad ante el resto de la sociedad.”

Considerando lo expuesto en el párrafo anterior, y dejando de lado la discusión sobre el tema de la inequidad, que es muy amplio por la complejidad del término y las acepciones que ha tenido desde distintos enfoques, debemos decir que el gasto público en Venezuela para la alimentación se ha incrementado desde la instrumentación de los Planes de Desarrollo orientados por el Ejecutivo, en los que se establece como línea estratégica desde el equilibrio económico la Garantía de la Seguridad Alimentaria y la Redistribución de las Tierras Productivas, y Fortalecer la accesibilidad a los alimentos.

En este sentido, se pretende modificar elementos que puedan transformar la distribución inicua de los alimentos, considerando que no es un problema local, sino mundial producto del sistema capitalista y el dominio del neoliberalismo. Para ello se requiere atacar las causas fundamentales que están vinculadas con la tenencia de la tierra, la diversificación de la producción agrícola, la sustitución de productos importados por autóctonos, la garantía de la seguridad alimentaria y del acceso a los alimentos.

Para el logro de estos planteamientos y en la coyuntura del Golpe de Estado y Paro Patronal de 2002 y 2003, se crea la Misión Alimentación como programa vanguardia, el cual tiene varios niveles de atención y formas de cobertura. Hablando de cifras podemos citar los datos aportados desde la página web del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación que establece que “Para abril del año 2003 las ventas de mercal beneficiaban 165.115 personas, cerrando al mes de diciembre con 1.025.814 personas beneficiadas, en el año 2004 se cerró con 10.437.500 personas, para el 2005 la cifra ascendió a 15.678.56, en el año 2006 logramos atender a 6.883.920 personas, al cierre del mes de marzo del año 2007 se logra atender a 12.122.499.” Del mismo modo se refiere que Mercal ofrece alimentos con precios que pueden generar un ahorro de hasta un 90% a las familias venezolanas.

Si observamos los resultados de las políticas agrarias y alimentarias que se han instrumentado en gobiernos anteriores, como el lapso de ajuste ortodoxo del período 1983 – 1988 podemos concluir que eran planes insostenibles por el condicionamiento de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y el ajuste surgido del famoso “paquetazo” de Pérez en 1989 echa por tierra las aspiraciones de la población en materia de seguridad alimentaria e incluso reduce los índices de consumo de calorías por persona.

Volvemos al principio, reivindicando que efectivamente, la seguridad alimentaria y las políticas establecidas en este sentido deben responder a una visión sistémica de y transformación del sistema productivo y de distribución equitativa de la producción autóctona.

GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE VIVIENDA

El hábitat y la vivienda son considerados un derecho humano esencial; reconocido mundialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para el año 2000, se define la “vivienda adecuada”, como el derecho a “disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (Nuñez:2006). Y el hábitat es el espacio condicionante de la vida, un lugar cultural de soporte y de significación.

De esta forma, en el Art. 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reza que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias”.
Ahora bien, el contexto al que nos podemos referir para establecer una aproximación a la evolución del gasto público en vivienda, es al segundo período de Rafael Caldera que inició con una fuerte crisis financiera, proponiendo lograr la modernización y competitividad de la economía como combatir la inflación, la política de austeridad en el gasto público, apertura de la economía en el marco de la reciprocidad, el desarrollo de planes y la reactivación de los procesos productivos a través del programa llamado Agenda Venezuela. Sin embargo, la inflación seguía en aumento, haciéndose frecuentes las manifestaciones de la población venezolana que se sentía afectada por la crisis.

Con respecto a los planes de vivienda, es importante destacar que en el año 1928 en Venezuela, se crea el Banco Obrero (luego denominado Inavi) como instrumento de un Estado benefactor que distribuye viviendas baratas para las personas de bajos recursos, y posteriormente, se generó un repunte significativo con el boom petrolero de los años 70 que produjo una urbanización y modernización acelerada en las capitales de Estados más importantes del país, con un aumento de un 16 al 40% de población habitando en los barrios precarios en el área metropolitana de Caracas entre los años 1950 y 1990. De esta manera, cualquier propuesta burocrática por resolver el problema habitacional no lograba cubrir el déficit.

Desde esta perspectiva, en 1990 entra en vigencia la Ley de Política Habitacional, con ella se busca fundamentalmente normar una política de financiamiento para la construcción y adquisición de viviendas y la creación del Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), un nuevo organismo público rector del sector vivienda, pero que en la práctica no ha podido integrar un Plan Nacional de Vivienda. Sin embargo, la situación no mejoró: con una regulación en los costos de las viviendas pero en una situación económica inflacionaria, generó una reducción de la capacidad de producción, así como la disminución de los espacios y la calidad de construcción de las unidades residenciales.

A partir de 1990 el aporte fijo a los programas de vivienda fue de 5% del Gasto Público.
En el periodo de Rafael Caldera (1994-1999), se construyeron al rededor de 39.175 viviendas por año, y considerando el requerimiento poblacional esta cifra es baja. Y entre muchas razones se encuentra que la Ley de Política Habitacional ha sido un instrumento inefectivo, pues sólo ha logrado promover un promedio de 50.000 viviendas por año.
Es de hacer notar que en el segundo período de Rafael Caldera, la atención se abocó a la aplicación de la Agenda Venezuela en lo económico, en detrimento de los beneficios sociales, siendo la vivienda uno de los derechos humanos más importantes a nivel mundial.

Ahora bien, para el actual período de gobierno, bajo el mandato de Hugo Chávez Frías, se estima que existe un déficit de nuevas viviendas de aproximadamente 1.800.000 unidades, y que para resolver este problema en el mediano plazo, se hace necesario que se construyan por lo menos 180.000 viviendas por año por diez años consecutivos. Otras fuentes como la OAEFYS (Oficina de Asesoría Económica, Financiera y Social de la Asamblea Nacional), señala que el déficit habitacional se ubica en 1.600.000 familias sin vivienda y el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (MPPVyH) estiman la deuda en: 2.8 millones de viviendas (11.2 millones de venezolanos y venezolanas).
Entre 2005 y 2007 el gasto público en vivienda fue de 5.300 millones de dólares (1% del tamaño total de la Economía).

Desde el año 2004 el presupuesto asignado para el sector ha sido aumentado durante la ejecución de los programas, por la vía de los recursos extraordinarios. Para el año 2007 la partida presupuestaria asignada para el ejercicio fiscal fue de 1,6 billones de bolívares. Al final del período, dicha cifra aumentó a 11 billones de bolívares.

En términos generales entre el año 1999 y el 2008 el Gasto Público pasó del 18,8% al 29,4 % del PIB, lo que lo ubica entre los niveles más altos en escala latinoamericana y la asignación presupuestaria en materia de vivienda también ha sufrido un incremento. Sin embargo, los niveles de auto construcción de la población ha paleado en gran medida la demanda insatisfecha en materia de vivienda.
Teolinda Barrios señala que la capacidad de autoconstrucción comunitaria supera, históricamente, la cantidad de viviendas levantadas por el Estado. Entre los años 1990 y 2001 de cada diez (10) viviendas, siete (7) fueron edificadas por los propios pobladores, dos (2) por el Estado y una (1) por el sector privado y el 40% del tejido urbano de Caracas ha sido autoconstruido por los habitantes de los barrios.

Durante el año 2007 se programó la construcción de 107.795 unidades; entregándose 47.850 viviendas; 44% de la meta. (MPPVyH, Memoria y Cuenta 2007).

En los 9 años de gestión del Presidente Chávez, se han construido un total de 223.870 viviendas nuevas. En las últimas dos décadas, el año de mayor construcción de viviendas fue 1992 con 98.532 unidades.


CONCLUSIÓN

En la mayoría de los casos el dinero otorgado a las dependencias públicas no toma en cuenta la calidad de los resultados. Algunas veces, la distribución de los recursos está basada en análisis meramente cuantitativos como es el caso de las universidades públicas. Al no estar las asignaciones presupuestarias relacionadas con el desempeño de las instituciones públicas, los servidores públicos no tienen ningún incentivo para ser eficientes. Las unidades públicas reciben los recursos a través del presupuesto, el cual es independiente de la calidad de la producción. Esto trae como consecuencia que no exista relación directa entre la calidad del servicio y el ingreso que ellos reciben.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alayón, Ruben. (2005) Barrio Adentro: combatir la exclusión profundizando la democracia. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 11. N° 3. Caracas.
Cilento Sarly, A. (2008) Sobre un Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda. [Online]. Vol. 7. N° 30.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto presidencial relacionado con la salud dirigido a la creación de la Misión Barrio Adentro (Gaceta oficial N° 37865 del 26 de enero de 2004) y artículos relacionados sobre el derecho a la vivienda. (1999)
Hausman, R. (1993), Frente al Colapso de la Política Social Tradicional ¿Qué Hacer?, IESA, Caracas
Banco Interamericano de Desarrollo (1993), “Informe de la Misión Piloto del Programa Reforma Social del Banco Interamericano de Desarrollo”, Hacia una Política Social Efectiva en Venezuela, BID, Washington.
Banco Mundial (1998): “Informe sobre el Desarrollo Mundial”. Washington.
Puente, José M. (2001) Gasto público social en Venezuela: ¿una historia de ganadores o perdedores? Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. Vol. 7. N° 2. Caracas.
Páginas web:
Venescopio.org.ve
Sisov.gob.ve


jueves, 27 de noviembre de 2008

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA FUERZA ARMADA
DECANATO DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO
ESPECIALIZACION EN GERENCIA PUBLICA
CATEDRA: FINANZAS Y PRESUPUESTO PUBLICO
PROFESOR: NELSON FORD







INGRESO Y GASTO PUBLICO






Estudiantes:
Dimas Mata
Marlin Parra
Virginia Tovar
Jesús Gutiérrez
Jennys Marin
Nildia Rebolledo
Rosángel Pérez


Noviembre, 2008





GASTO PÚBLICO SOCIAL EN VENEZUELA

Venezuela, al igual que otros países de América Latina, ha sufrido una severa contracción fiscal durante el último cuarto de siglo. El gasto público venezolano ha caído de 35 % en 1974 a 24 % del PIB en el año 2000, una magnitud equivalente a los porcentajes de los años setenta previos al shock petrolero de 1973-74. El declive en términos per. Cápita ha sido aun más sorprendente:
23 por ciento sólo en la última década.

Durante periodos de contracción económica la participación del gasto social en el gasto total del gobierno puede sufrir una combinación de tres diferentes elementos: Primero, una reducción en el gasto social como proporción del gasto público total. Segundo, una reducción absoluta en el gasto social medido en términos reales. Tercero, un cambio en la composición del presupuesto en las áreas sociales. La revisión del comportamiento del gasto social en Venezuela durante las últimas tres décadas demuestra que el gasto público en los sectores sociales no ha sufrido recorte desproporcionados.

Durante los últimos tiempos, y particularmente después de dispararse los precios petroleros, el gasto público ha crecido en forma muy acentuada. Por esa vía se inyectan a la economía buena parte de los recursos adicionales provenientes de las mayores exportaciones, expandiéndose así la oferta monetaria, y con ella los gastos de consumo. La mayor demanda, tanto pública como privada, a su vez, ha motorizado la actividad productiva, haciendo que la economía crezca a un ritmo muy elevado. Curiosamente, ello se ha logrado sin que se dispare la inflación, la cual, si bien aún es elevada, ha mostrado una moderada tendencia a la baja, debiéndose esto principalmente a los masivos subsidios que por distintas vías provee el gobierno, y a los controles de precios existentes.

Adicionalmente, el alto poder adquisitivo externo dado por las abultadas exportaciones petroleras seguirá permitiendo importar masivamente productos de consumo, que se seguirán vendiendo con subsidios. Por ello se cree que en los próximos años también será de alto crecimiento con una inflación probablemente no muy diferente a la actual.

El problema vendrá en el mediano plazo, cuando la moderación de los precios de exportación, o incluso su mera estabilización, limitará los ingresos fiscales y de divisas, restringiendo las posibilidades de seguir expandiendo el gasto público y de otorgar subsidios masivos. Sin embargo, las expectativas cada vez mayores que han creado las dádivas en la población de más bajos ingresos, le dificultarán al gobierno evitar un agudo repunte inflacionario y afrontar la limitación de recursos, mayormente si no se han preocupado las autoridades por ahorrar parte de los altos ingresos actuales para contar con fondos en los años de adversidad que vienen.

En los intentos por controlar la liquidez el Gobierno en el primer trimestre de 2007 decidió moderar los desembolsos de recursos, de esa manera no se elevaba tanto la masa de dinero en circulación y se evitaban presiones en los precios. Y si bien los egresos se moderaron, al final el resultado no fue el esperado, la inflación fue 22,5%.

El boletín mensual del Banco Central de Venezuela señala que las erogaciones totales del Gobierno central en 2007 se ubicaron en 136,1 millardos de bolívares fuertes (antes 136,1 billones de bolívares) registrando un crecimiento de 7,3%, respecto a 2006 cuando fueron 126,8 millardos de bolívares fuertes (antes 126,8 billones de bolívares).

En 2006 el gasto global se incrementó 44% respecto a lo programado en 2005 que fue 87,4 millardos de bolívares fuertes (antes 87,4 billones de bolívares) y la evolución indica que el Ejecutivo nacional el pasado año moderó el ritmo de crecimiento del gasto público.

Cuando se anunciaron las medidas en febrero de 2007 para regular el nivel de los precios una de las acciones planteadas fue la revisión en la ejecución de los egresos y durante la primera mitad del año los egresos fueron bajos. Luego esa medida se acompañó de las emisiones de deuda del Gobierno y la industria petrolera que restringieron más la liquidez. En la segunda mitad del año, las presiones de las órdenes de pago llevaron a elevar las erogaciones, pero en menor medida que en el año 2006.

Las cifras publicadas por el instituto emisor en su boletín mensual señalan que al cierre de 2007 el gasto ordinario, sin incluir deuda, fue 127,4 millardos de bolívares fuertes (antes 127,4 billones de bolívares) elevándose 11% en relación con el período anterior cuando estuvo en 115,2 millardos de bolívares fuertes (antes 115,2 billones de bolívares). En 2006 los egresos ordinarios subieron 48% respecto a 2005. El pasado año las amortizaciones de deuda pública interna y externa ascendieron a 8,6 millardos de bolívares fuertes (antes 8,6 billones de bolívares). En 2006 fueron 11,7 millardos de bolívares fuertes (antes 11,7 billones de bolívares).
Ingresos.

Los datos publicados por el instituto emisor indican que durante 2007 los ingresos registrados por el Tesoro fueron 144,9 millardos de bolívares fuertes (antes 144,9 billones de bolívares), pero sólo se incrementaron 9% en relación con 2006.

Los recursos ordinarios fueron 131,4 millardos de bolívares fuertes (antes 131,4 billones de bolívares) y se elevaron en 19% respecto al ejercicio anterior. De esa cantidad, 59,3 millardos de bolívares fuertes (antes 59,3 billones de bolívares) fue el aporte tributario, el cual se incrementó en 21% en un año.
Ese crecimiento fue menor que el registrado en 2006, debido a que durante el período se redujo en cinco puntos la tasa del Impuesto al Valor Agregado, lo cual generó un sacrificio fiscal de más de 12 millardos de bolívares fuertes (antes 12 billones de bolívares). ‘Aunque el promedio del precio del crudo en 2007 fue 64,95 dólares por barril, el aporte petrolero sólo aumentó 5%. La contribución fue 70,2 millardos de bolívares fuertes (antes 70,2 billones de bolívares) cuando en 2006 se ubicó en 66,9 millardos de bolívares fuertes (antes 66,9 billones de bolívares).

OBJETIVOS DEL GASTO PUBLICO

Analiza los aspectos teóricos relacionados con el estudio del gasto público que presenten mayor relevancia al realizar el análisis jurídico de la actividad financiera del Estado venezolano. Esta conformado en dos fases:
La fase de gasto Público: Las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas.

La fase de ingresos públicos constituyen la segunda fase de la actividad financiera, y su estudio viene a completar el análisis iniciado en el objetivo anterior, relacionado con los gastos públicos, es decir, que le permiten financiar el gasto público y cumplir su función dentro de la sociedad.
Clasificaciones del Gasto Público:

FINANCIERA

Los gastos ordinarios: son aquellos que suelen repetirse período tras período, y aparecen planificados y estimados en los presupuestos anuales.
Los gastos extraordinarios surgen por situaciones irregulares, no previstas en la planificación normal de las actividades gubernamentales, como por ejemplo las catástrofes.

ECONOMICA

Los gastos corrientes o gastos de funcionamiento: son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general.
Los gastos de capital o gastos de inversión: Son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo del patrimonio público. Pueden consistir en pagos emanados de la adquisición de bienes de producción (maquinarias, equipos, etc.), en inversiones en obras públicas infraestructurales

TRIBUTOS

Son "las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines"

CLASIFICACION DE TRIBUTOS


IMPUESTO

El impuesto es, jurídicamente, como todos los tributos una institución de derecho público, por lo que es una obligación unilateral impuesta coactivamente por el Estado en virtud de su poder de imperio. Ya que es un hecho institucional que va necesariamente unido a la existencia de un sistema social fundado en la propiedad privada o que al menos reconozca el uso privado de ciertos bienes. Tal sistema social importa la existencia de un órgano de dirección (el Estado) encargado de satisfacer necesidades públicas. Como ellos requiere gastos, y por consiguientes ingresos, se lo inviste en la potestad de recabar coactivamente cuotas de riqueza de los obligados sin proporcionarles servicios concretos divisibles algunos a cambio como retribución.


TASA

Es el tributo que probablemente mayores discrepancia ha causado y el que mas dificultades presenta para su caracterización. Ello, se debe en parte, a que quienes la han tratado han confundido elementos económicos, jurídicos y políticos pero que con el pasar del tiempo se a logrado que a demás de estas razones se obtenga la caracterización correcta de la tasa en donde tiene trascendencia en virtud del tan necesario perfeccionamiento en la construcción jurídica de la tributación.

EVASION FISCAL

En el Sistema Tributario Venezolano existen suficientes mecanismos legales para que el fisco nacional materialice los elevados impuestos previstos por el gobierno.

UNIDAD TRIBUTARIA

Es una medida que permite actualizar a la realidad inflacionaria los montos de los valores que se encuentran en las diferentes leyes.

PRESION TRIBUTARIA

La Presión Tributaria "es la relación existente entre la exacción fiscal soportada por una persona física, un grupo de personas o una colectividad territorial, y la renta de que dispone esa persona, grupo o colectividad"

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

www.guia.com.ve/noticias/?id=19628 - 26k
www.venezolanosenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19504&Itemid=64 - 51k.
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www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0102007.pdf.
www.tulua.gov.co/presupuesto.shtml?apc=f1g1--&x=1484075 - 29k+