EVALUCIÓN HISTÓRICA DEL GASTO PÚBLICO

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL GASTO PÚBLICO

Adriana Castejón, Glemys Correa, Alexander Ruiz, Daniel Moronta, Melina Maytín Delia Dasilva, Humberto Padilla Haischel Escorche. Estudiantes de la Especializaciòn de Gerencia Pùblica- Convenio UNEFA - MINEC.

INTRODUCCIÓN

Como es ampliamente reconocido, el gasto fiscal es una herramienta de política pública a través de la cual los gobiernos pueden contribuir al desarrollo humano sostenible. Para ello pueden intervenir mediante diversas acciones tales como la promoción del crecimiento económico, la corrección de fallas del mercado, la creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo, así como proporcionando servicios sociales para satisfacer las necesidades de la gente.

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

En los últimos años el sector Educación ha mantenido e inclusive incrementado los recursos públicos que le han sido asignados. En 1997 educación absorbió el 43% del presupuesto del sector social y 13,46% del presupuesto total de la Nación. Esto hace al sistema educativo Venezolano uno de los más costosos del mundo en desarrollo. Sin embargo, los indicadores educativos, paradójicamente, son comparativamente menos favorables que otros países Latinoamericanos (BID, 1993, 97).

Un importante componente del gasto en educación está concentrado en el nivel superior. La educación preescolar, básica y diversificada que representaban para 1995 el 76,09% de los estudiantes inscritos en el sistema educativo recibían solo el 11,5% del total del presupuesto de educación. Por su parte, la educación superior representaba solo el 17,70% de los estudiantes inscritos para el mismo periodo y recibía el 36,2% del presupuesto.

Adicionalmente, el presupuesto es desagregado por ítem de acuerdo al tipo de producción. Las unidades públicas no pueden elegir la combinación de insumos que necesitan y en consecuencia no son capaces de seleccionar la combinación más óptima (Hausmann, 1993, 8).

A partir del año 1999 se observa una tendencia expansiva del indicador, lo cual expresa la altísima prioridad que el gobierno otorga al sector educación en materia de políticas públicas. Se observa que a finales del año 2006 este indicador alcanzará una variación positiva del 62% con respecto al año 1990, el cual se toma como base para la comparación y de 102% con respecto al año 1998, es decir se duplicó el valor del indicador, lo que demuestra el esfuerzo sin precedentes que en materia de educación ha realizado el gobierno bolivariano

En cuanto al gasto público específico en educación, según Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), Venezuela destinaba a educación el 3% del PIB para el año 1990 y el 4,4% para el año 2000, lo que significa un incremento de 1,4 puntos porcentuales del PIB en prácticamente una década. Asimismo, el gasto promedio efectuado en este sector por los países de la muestra fue de 2,5% y 3,7% del PIB para los años 1990 y 2000, respectivamente, lo cual implica un incremento promedio de 1,2 puntos del PIB para estos años. Esto significa que en materia de recursos destinados a educación, Venezuela se encuentra por encima del promedio de la región, tanto en lo relativo al peso del gasto público respecto al PIB, como al incremento de dicho gasto.

GASTO SECTOR SALUD

El gasto publico en el sector salud se puede considerara según la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). como aquellos Gastos a tendientes a incrementar, mantener o mejorar las existencias de capital físico y H. de dominio público destinado a la prestación de servicios de salud y asumiendo un enfoque mas operativo se podria afirmar según el instituto antes señalado como la Suma d todas las partidas de G. asociadas al sector salud, en tal sentido para realizar una aproximación del como ha sido el Gasto Publico en Venezuela se puede citar a la Economista Yajaina Fernandez quien contó con el apoyo de una Importante Corporación Técnica Alemana(GTZ) ademas del MSDS para aquel entonces y una comisión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU) Años 70 al 2002 (esta en el 2 lugar el sector salud), cuyo trabajo fue publicado en Diciembre de 2003 de cuya investigación se generaron conclusiones generales del gasto Publico Social siendo las que conciernen al Sector salud las Siguientes
La mayor partida es correspondiente a gastos de personal especialmente personal no calificado, en consecuencia afectado partidas mantenimiento y compra de materiales de servicios, de igual orden destacando que en el Gasto publico social en salud se observan la existencia de 2 subsistemas el inherente al del Ministerio de salud que corresponde a los Impuestos y el de carácter contributivo del IVSS, lo que efectivamente hacen difícil la cuantificación del gasto publico en salud en Venezuela.
Por otro lado es importante agregar lo que comparte la señora Carmen Boon de Agencia Bolivariana de Noticias Prensa Misión de Venezuela en la ONU (20-10-08) muy recientemente donde señala que Venezuela se incluye entre los primeros países que han logrado disminuir los factores de riesgo de mortalidad en el país, (Cepal ), al mismo tiempo que ha permitido la Accesibilidad a los centros de salud públicos, para todas las personas sin discriminación alguna y para culminar elevar al 96% de los niños y niñas venezolanos está alejados de problemas de desnutrición. y para acotar del aporte que detalla el Ministerio de planificación y desarrollo en su Sistema Integrado de Indicadores Sociales en Venezuela (Sisov) el cual señala que Venezuela presenta un gasto Similar al Gasto Publico De algunos países Latinoamericanos (Brasil, Argentina, Perú y Nicaragua ) lo que permite afirmar que se encuentra en segundo lugar de la escala de modo tal que la demostración de que el país se ajusta a sus exigencias en el gasto publico en el sector salud (PNDU 2003).
Se anexa un cuadro que refleja en cierta manera como ha venido el país evolucionando en la asignación del gasto publico sector Social:

GASTO PÚBLICO Y ALIMENTACIÓN

El gasto público en nuestro país, específicamente en el área de alimentación, como espacio fundamental para la satisfacción de las necesidades primarias de la población, se sustenta en el principio de la equidad. En palabras de Rodolfo Magallanes en su publicación La Equidad en la República Bolivariana de Venezuela 1999 - 2004, de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2005 vol. 11: “La noción de equidad está en la base de cualquier propuesta política, ya que es un requisito necesario para que un orden político cualquiera pueda lograr alguna legitimidad ante el resto de la sociedad.”

Considerando lo expuesto en el párrafo anterior, y dejando de lado la discusión sobre el tema de la inequidad, que es muy amplio por la complejidad del término y las acepciones que ha tenido desde distintos enfoques, debemos decir que el gasto público en Venezuela para la alimentación se ha incrementado desde la instrumentación de los Planes de Desarrollo orientados por el Ejecutivo, en los que se establece como línea estratégica desde el equilibrio económico la Garantía de la Seguridad Alimentaria y la Redistribución de las Tierras Productivas, y Fortalecer la accesibilidad a los alimentos.

En este sentido, se pretende modificar elementos que puedan transformar la distribución inicua de los alimentos, considerando que no es un problema local, sino mundial producto del sistema capitalista y el dominio del neoliberalismo. Para ello se requiere atacar las causas fundamentales que están vinculadas con la tenencia de la tierra, la diversificación de la producción agrícola, la sustitución de productos importados por autóctonos, la garantía de la seguridad alimentaria y del acceso a los alimentos.

Para el logro de estos planteamientos y en la coyuntura del Golpe de Estado y Paro Patronal de 2002 y 2003, se crea la Misión Alimentación como programa vanguardia, el cual tiene varios niveles de atención y formas de cobertura. Hablando de cifras podemos citar los datos aportados desde la página web del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación que establece que “Para abril del año 2003 las ventas de mercal beneficiaban 165.115 personas, cerrando al mes de diciembre con 1.025.814 personas beneficiadas, en el año 2004 se cerró con 10.437.500 personas, para el 2005 la cifra ascendió a 15.678.56, en el año 2006 logramos atender a 6.883.920 personas, al cierre del mes de marzo del año 2007 se logra atender a 12.122.499.” Del mismo modo se refiere que Mercal ofrece alimentos con precios que pueden generar un ahorro de hasta un 90% a las familias venezolanas.

Si observamos los resultados de las políticas agrarias y alimentarias que se han instrumentado en gobiernos anteriores, como el lapso de ajuste ortodoxo del período 1983 – 1988 podemos concluir que eran planes insostenibles por el condicionamiento de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y el ajuste surgido del famoso “paquetazo” de Pérez en 1989 echa por tierra las aspiraciones de la población en materia de seguridad alimentaria e incluso reduce los índices de consumo de calorías por persona.

Volvemos al principio, reivindicando que efectivamente, la seguridad alimentaria y las políticas establecidas en este sentido deben responder a una visión sistémica de y transformación del sistema productivo y de distribución equitativa de la producción autóctona.

GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE VIVIENDA

El hábitat y la vivienda son considerados un derecho humano esencial; reconocido mundialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para el año 2000, se define la “vivienda adecuada”, como el derecho a “disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (Nuñez:2006). Y el hábitat es el espacio condicionante de la vida, un lugar cultural de soporte y de significación.

De esta forma, en el Art. 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reza que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias”.
Ahora bien, el contexto al que nos podemos referir para establecer una aproximación a la evolución del gasto público en vivienda, es al segundo período de Rafael Caldera que inició con una fuerte crisis financiera, proponiendo lograr la modernización y competitividad de la economía como combatir la inflación, la política de austeridad en el gasto público, apertura de la economía en el marco de la reciprocidad, el desarrollo de planes y la reactivación de los procesos productivos a través del programa llamado Agenda Venezuela. Sin embargo, la inflación seguía en aumento, haciéndose frecuentes las manifestaciones de la población venezolana que se sentía afectada por la crisis.

Con respecto a los planes de vivienda, es importante destacar que en el año 1928 en Venezuela, se crea el Banco Obrero (luego denominado Inavi) como instrumento de un Estado benefactor que distribuye viviendas baratas para las personas de bajos recursos, y posteriormente, se generó un repunte significativo con el boom petrolero de los años 70 que produjo una urbanización y modernización acelerada en las capitales de Estados más importantes del país, con un aumento de un 16 al 40% de población habitando en los barrios precarios en el área metropolitana de Caracas entre los años 1950 y 1990. De esta manera, cualquier propuesta burocrática por resolver el problema habitacional no lograba cubrir el déficit.

Desde esta perspectiva, en 1990 entra en vigencia la Ley de Política Habitacional, con ella se busca fundamentalmente normar una política de financiamiento para la construcción y adquisición de viviendas y la creación del Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), un nuevo organismo público rector del sector vivienda, pero que en la práctica no ha podido integrar un Plan Nacional de Vivienda. Sin embargo, la situación no mejoró: con una regulación en los costos de las viviendas pero en una situación económica inflacionaria, generó una reducción de la capacidad de producción, así como la disminución de los espacios y la calidad de construcción de las unidades residenciales.

A partir de 1990 el aporte fijo a los programas de vivienda fue de 5% del Gasto Público.
En el periodo de Rafael Caldera (1994-1999), se construyeron al rededor de 39.175 viviendas por año, y considerando el requerimiento poblacional esta cifra es baja. Y entre muchas razones se encuentra que la Ley de Política Habitacional ha sido un instrumento inefectivo, pues sólo ha logrado promover un promedio de 50.000 viviendas por año.
Es de hacer notar que en el segundo período de Rafael Caldera, la atención se abocó a la aplicación de la Agenda Venezuela en lo económico, en detrimento de los beneficios sociales, siendo la vivienda uno de los derechos humanos más importantes a nivel mundial.

Ahora bien, para el actual período de gobierno, bajo el mandato de Hugo Chávez Frías, se estima que existe un déficit de nuevas viviendas de aproximadamente 1.800.000 unidades, y que para resolver este problema en el mediano plazo, se hace necesario que se construyan por lo menos 180.000 viviendas por año por diez años consecutivos. Otras fuentes como la OAEFYS (Oficina de Asesoría Económica, Financiera y Social de la Asamblea Nacional), señala que el déficit habitacional se ubica en 1.600.000 familias sin vivienda y el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (MPPVyH) estiman la deuda en: 2.8 millones de viviendas (11.2 millones de venezolanos y venezolanas).
Entre 2005 y 2007 el gasto público en vivienda fue de 5.300 millones de dólares (1% del tamaño total de la Economía).

Desde el año 2004 el presupuesto asignado para el sector ha sido aumentado durante la ejecución de los programas, por la vía de los recursos extraordinarios. Para el año 2007 la partida presupuestaria asignada para el ejercicio fiscal fue de 1,6 billones de bolívares. Al final del período, dicha cifra aumentó a 11 billones de bolívares.

En términos generales entre el año 1999 y el 2008 el Gasto Público pasó del 18,8% al 29,4 % del PIB, lo que lo ubica entre los niveles más altos en escala latinoamericana y la asignación presupuestaria en materia de vivienda también ha sufrido un incremento. Sin embargo, los niveles de auto construcción de la población ha paleado en gran medida la demanda insatisfecha en materia de vivienda.
Teolinda Barrios señala que la capacidad de autoconstrucción comunitaria supera, históricamente, la cantidad de viviendas levantadas por el Estado. Entre los años 1990 y 2001 de cada diez (10) viviendas, siete (7) fueron edificadas por los propios pobladores, dos (2) por el Estado y una (1) por el sector privado y el 40% del tejido urbano de Caracas ha sido autoconstruido por los habitantes de los barrios.

Durante el año 2007 se programó la construcción de 107.795 unidades; entregándose 47.850 viviendas; 44% de la meta. (MPPVyH, Memoria y Cuenta 2007).

En los 9 años de gestión del Presidente Chávez, se han construido un total de 223.870 viviendas nuevas. En las últimas dos décadas, el año de mayor construcción de viviendas fue 1992 con 98.532 unidades.

CONCLUSIÓN

En la mayoría de los casos el dinero otorgado a las dependencias públicas no toma en cuenta la calidad de los resultados. Algunas veces, la distribución de los recursos está basada en análisis meramente cuantitativos como es el caso de las universidades públicas. Al no estar las asignaciones presupuestarias relacionadas con el desempeño de las instituciones públicas, los servidores públicos no tienen ningún incentivo para ser eficientes. Las unidades públicas reciben los recursos a través del presupuesto, el cual es independiente de la calidad de la producción. Esto trae como consecuencia que no exista relación directa entre la calidad del servicio y el ingreso que ellos reciben.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alayón, Ruben. (2005) Barrio Adentro: combatir la exclusión profundizando la democracia. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 11. N° 3. Caracas.
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto presidencial relacionado con la salud dirigido a la creación de la Misión Barrio Adentro (Gaceta oficial N° 37865 del 26 de enero de 2004) y artículos relacionados sobre el derecho a la vivienda. (1999)
Hausman, R. (1993), Frente al Colapso de la Política Social Tradicional ¿Qué Hacer?, IESA, Caracas
Banco Interamericano de Desarrollo (1993), “Informe de la Misión Piloto del Programa Reforma Social del Banco Interamericano de Desarrollo”, Hacia una Política Social Efectiva en Venezuela, BID, Washington.
Banco Mundial (1998): “Informe sobre el Desarrollo Mundial”. Washington.
Puente, José M. (2001) Gasto público social en Venezuela: ¿una historia de ganadores o perdedores? Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. Vol. 7. N° 2. Caracas.
Páginas web:
Venescopio.org.ve
Sisov.gob.ve