ANALISIS ETICA EN EL SECTOR PUBLICO

Mary Luz Herrera
V-16.301.442
Convenio: Unefa- Minec

La ética remarca en el sentido, la responsabilidad, los principios, las máximas, los valores que guían a los agentes y funcionarios. En su versión normativa se refiere a la aplicación u omisión de los valores en situaciones concretas. Por caso, el funcionario no debe sacar ventajas personales del cargo que desempeñe, como tampoco tener intereses en una empresa proveedora del Estado.
Los principios de la ética y los valores éticos no dependen de las circunstancias y no son hipotéticos, son fines en sí mismo. Es importante citar las reglas universales propuestas por E. Kant (1785) donde expresa “actúa siempre siguiendo una máxima que al mismo tiempo puedes querer que se convierta en ley universal”.
La constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que se hace posible la convivencia en una sociedad, pero no de cualquier manera, sino sobre la base de la equidad, la libertad, la solidaridad, la justicia, la dignidad del trabajo. En el caso de la función públicas, existen además algunas condiciones propias de su ámbito: el compromiso con el interés general, un patrimonio que es común, la relación con el poder político, la posibilidad de decidir o de regular actividades sobre la sociedad, el peso y legitimidad de la autoridad público. Un gobernante o líder debe actuar con convicción, la conciencia y el compromiso social.
Existen varios conceptos para evaluar la conducta de los funcionarios públicos y calificar el funcionamiento del aparato estatal, analicemos algunos:
El vacío ético; en este vacío no hay pensamiento social ni compromiso, solo existen los hechos en el marco del duro poder.
La dualidad ética; es el doble discurso que ajusta las explicaciones a las necesidades.
La ética de mínima; o necesaria para cumplir las tareas, que es de carácter reactiva (no promueve). Se basa en seguir valores o principios porque conviene, y mientras la relación de fuerzas lo permita. No es tanto un deber ser, como el “hacer lo que se puede”.

Cuando nos referimos al termino moral son las pautas y códigos de comportamiento en un contexto social determinado (mores proviene de usos y costumbre). Es inmoral el abuso del poder, la discriminación racial, la extorsión o aprovechar los estados de necesidad para permitir el trabajo de menores. Porque se oponen a los códigos, a las convenciones, las creencias compartidas, las pautas culturales que son reconocidas y aceptadas en ese contexto.
La injusticia o la pobreza son ejemplos de una realidad inmoral. Es inmoral quien cree estar por encima de la ley, como cualquier otra forma de autoritarismo. Con esta visión de lo inmoral estamos marcando la diferencia conceptual con los actos que directamente son ilegales, por caso el apropiarse de bienes públicos o un soborno. Estos actos carecen de valor no solo ético sino jurídico. En términos de conducta, lo ilegal tiene que ver con el incumplimiento de los deberes formales del funcionario público.
El vacío ético en los gobiernos o en sus funcionarios, se refleja en sus decisiones, en las políticas públicas. Ocurre cuando ellos eligen pensando en los beneficios de los grupos de interés, no en la población.
El análisis de la cuestión ética en el caso del Estado requiere considerar el particular contexto socio-político-económico en el que trabajan gobernantes y funcionarios públicos, de modo de poder determinar las condiciones en que se producen las actividades éticas y los abusos del poder.
El Estado asume ciertas funciones como productor de un orden, del cual también forma parte. Una desviación consiste en que los funcionarios utilicen su autoridad y sus atribuciones en benefició propio. Solos o en convivencia con grupos privados. Ellos deciden a favor d los grupos de interés e ignoran los valores sociales de equidad, igualdad, libertad, solidaridad.
Algunos factores que componen el aparato estatal, y que tienen que ver con la aparición de los problemas éticos, son.
Los privilegios, la protección o la impunidad en el sentido jurídica, de que disponen algunos sectores del aparato estatal,
El monopolio sobre ciertos espacios, bienes y servicios (como tierra pública, moneda, aduana, impuestos, defensa),
El poder de las instituciones que establece el Estado como un marco que los ciudadanos no puedan cambiar en el corto plazo o por sí solos, a pesar que son un obstáculo al bienestar.
La intervención en el manejo de los medios de comunicación y en la actividad financiera (bancos centrales, regulación de los espacios para la transmisión de datos),
La influencia en la designación de los jueces y magistrados,
La capacidad de otorgar autorizaciones, concesiones, permisos y certificados, como la de realizar inspecciones y controles que los ciudadanos necesitan para legitimar sus acciones,
La función administrativa de dictar y reglamentar las leyes.
La creación y el acceso a los archivos centrales con datos sobre las personas (los servicios de información),
La presencia de los intereses de partido en la función pública, la prioridad del partido gobernante, o en ejercicio del poder,
Las reglas y procedimientos que por su complejidad no pueden ser entendidos por ciudadanos comunes, en especial, los impuestos.
Pero también hay problemas de estructura en la actitud ética. Porque los comportamientos no responden a una fórmula ni admiten rutinas de enseñanza. Los valores no se ordenan en una pirámide, ni comparables (justicia vs. Libertad). Esto confluye hacia el dilema en la aplicación de los principios y convicciones. Frente a una realidad como la pobreza, se puede ser ético de diferentes maneras. Quizás aquí no existan dudas, porque todas las maneras posibles pueden representar una ayuda o una mejora.
Existen condiciones que enmarcan la falta de ética son:
Las formas autoritarias de gobierno,
La falta de programas de formación para los agentes públicos,
La impunidad de los funcionarios, por ausencia de controles externos a su gestión,
Las estructuras que concentran el poder en pocos organismos de la administración central,
La dependencia del gobierno respecto de los grupos de interés que financiaron su campaña,
El peso del partido de gobierno en las decisiones de política pública,
Formas jurídicas complicadas y oscuras, que permiten el uso discrecional de los fondos públicos, y aún así estar dentro de la ley,
La falta de transparencia de los actos de gobierno,
La ausencia de los representantes de los usuarios y beneficiarios en los organismos que prestan servicios,
Los procesos judiciales lentos, complicados y costosos,
La presión electoralista, el hacer lo necesario para ganar elecciones en el corto plazo.